El derecho de acceso a la información pública es necesario para garantizar los derechos a la libertad de opinión y expresión que recogen la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.

Puede ser que no sea obvio cómo y por qué el derecho de tener acceso a la información es tan importante.

Se considera como un instrumento para promover la participación ciudadana en la gestión pública ya que sin acceso a la información pública no puede haber participación política efectiva; el acceso a la información permite a las personas examinar las acciones de su gobierno y constituye una base necesaria para el debate informado sobre esas acciones. En los Estados que han aprobado leyes de acceso a la información, se ha descubierto que las solicitudes generalmente no buscan información sobre gestiones gubernamentales sino que los usuarios más frecuentes suelen ser personas o empresas que buscan información relacionada con actividades administrativas que les afectan en forma directa, tales como decisiones que les impidan obtener beneficios o empresas que buscan información sobre actos o resoluciones que les puedan causar perjuicios.

Para el sector privado el acceso a la información de calidad es indispensable para licitaciones, para la competencia libre y para la creación de un mercado eficaz de ideas y productos. Por otra parte las leyes de acceso a la información desempeñan un papel importante en la reducción de la corrupción dentro de las instituciones que
dichas leyes consideran como instituciones obligadas. Al ser pública la información sobre procesos de contratación se hace difícil que los empleados o funcionarios de las instituciones obligadas incurran en prácticas contractuales deshonestas; asimismo las leyes de acceso a la información contribuyen a evitar que se tomen decisiones
grandes sobre políticas públicas que no estén sólidamente fundamentadas sin un análisis previo o contradiciendo lo aconsejado por los profesionales consultados del sector público.

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