La vulneración masiva de los derechos de los consumidores

La vulneración masiva de los derechos de los consumidores, esta vez por parte de las distribuidoras eléctricas, ha dejado nuevamente en evidencia las debilidades y falencias de nuestra regulación.

Esta situación debe llevarnos a la siguiente pregunta: ¿por qué las empresas se coluden y las monopólicas y no monopólicas abusan reiteradamente de los consumidores?

La respuesta está en la simple racionalidad económica: resulta más eficiente para las empresas quebrantar la Ley que cumplirla.

Los incentivos de nuestra legislación están mal puestos e inducen a aquello. A las empresas no podemos pedirles que busquen el cielo, ellas tenderán naturalmente a incrementar sus ganancias. Si los beneficios económicos de vulnerar la Ley son cientos o miles de millones de pesos mayores a las multas, y las indemnizaciones de perjuicios a los consumidores prácticamente incobrables, ¿de qué podemos extrañarnos? Los incentivos por burlar la Ley durante años han sido perversos.

En el caso de las colusiones, sólo después de decenas de escándalos, la nueva regulación estableció una sanción disuasiva. La empresa que viole la Ley Antimonopolios deberá pagar un monto superior al beneficio económico obtenido por infringirla. ¿Es tan difícil aplicar la lógica económica incluso para un lego en Derecho o en Regulación? No lo creo. Solo desde ese momento el mensaje para el resto del mercado es claro; si usted decide coludirse y es detentado por el fiscalizador, perderá mucho más de lo que ganó ilegítimamente. ¿Está dispuesto a correr el riesgo?

En el caso del Derecho del Consumo, sanciones irrisorias y una indemnización de perjuicios impracticable, hacen incluso más atractivo violar la Ley.

Pero en esta materia, los feroces lobbies de la industria, mezclados a una deficiente técnica legislativa han generado un engendro de legislación que nos hace únicos en el contexto de los países de la OCDE.

Mientras no se coloquen los incentivos correctos en materia de consumo, como se hizo recientemente en materia antimonopolios, seguiremos viendo a empresas monopólicas y no monopólicas optar por pagar el bajo costo de quebrantar el ordenamiento jurídico.

¿Pero cuáles son esos incentivos? ¿Qué cambios requiere nuestra legislación para que se acabe la fiesta de los abusos constantes?

Aquí, al menos hay tres medidas que se han incorporado con éxito en las legislaciones comparadas. En primer lugar, establecer multas disuasivas y no irrisorias. En segundo lugar, fortalecer a las asociaciones de consumidores, para que sea la sociedad civil y no sólo una agencia estatal la que fiscalizase la corrección del mercado. En tercer lugar, consagrar un procedimiento expedito de acciones colectivas con posibilidad de demandar el daño moral en las mismas. ¿Se imaginan como hubiese cambiado la relajada expresión de los directivos de Enel si tuviesen que indemnizar el sufrimiento causado a miles de familias en nuestra capital? El actuar de las empresas hubiese sido mucho más diligente.

Cuando todos los ojos de la prensa están puestos en las filas de personas finando acciones colectivas en los municipios, creo que estamos perdiendo el foco. La mirada debe estar puesta en el hemiciclo del Senado donde se debate actualmente la reforma a la Ley del Consumidor, que, con todos sus defectos, permitirá ir desterrando estas malas prácticas.

Parece que estas líneas fuesen escritas por una persona que no cree en la economía de mercado. Muy por el contrario, la defiendo y por eso creo que debemos cuidarla. Las colusiones y los abusos de las empresas, sólo dan la razón a quienes ven en ella la encarnación de todos los males.

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