Se judicializa cobro de mensualidades en colegios privados

Colegios ofrecen descuentos, postergan cuotas y hasta recaudan dinero para apoyar a las familias. Pero estas medidas no convencen. Padres y apoderados de al menos una treintena de establecimientos del país han recurrido a la justicia. El Gobierno espera que se logren acuerdos y los establecimientos temen una quiebra.

Todo comenzó en Temuco. El 15 de abril los apoderados del colegio George Chaytor decidieron recurrir a la justicia para detener los cobros de mensualidades, debido a que sus hijos llevaban más de un mes sin asistir a clases y recibiendo instrucción online.
Recurrieron de protección ante la Corte de Apelaciones de esa ciudad argumentando que los cobros afectaban sus derechos a la propiedad y de protección al consumidor. Y el 17 de abril el tribunal les dio la razón: el colegio no podrá cobrar las mensualidades
durante los meses de emergencia sanitaria por el coronavirus.
El caso sigue en trámite, dado que el 5 de mayo la institución solicitó dejar sin efecto la orden de no innovar.

“Es lógico pensar que no se están cumpliendo los contratos, porque los horarios no son los mismos, ni la forma de hacer las clases y los costos del establecimiento educacional tampoco”, sostiene el abogado Jhon Gisellini, de la fiscalía del Consumidor de Temuco; y Richard Camaño, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios del Sur, manifiesta que el recurso interpuesto “era de esperarse y es justo”.
«Los actos referidos constituyen un abierto acto de arbitrariedad y, además, es ilegal en la medida que se aparta de las normas jurídicas que reglamentan las relaciones en materia del consumidor, vulnerando el principio de protección al consumidor como parte más débil en la relación de consumo y atenta contra la garantía constitucional al derecho de propiedad”, argumentaron en su demanda los apoderados del George Chaytor.
Hoy, esa misma premisa, puede leerse en casi en todas las acciones legales contra los colegios pagados que se tramitan en el país.

Frenesí de recursos
Desde entonces y, hasta el viernes, apoderados de al menos una treintena de establecimientos de todo el país han recurrido a las cortes de Apelaciones para conseguir lo mismo.
En Arica, Antofagasta, La Serena, Punta Arenas, Puerto Montt, entre otras sedes, se tramitan recursos similares, mientras que el no pago de colegiaturas se torna tema recurrente en los grupos de mensajería de padres desde que la actividad educativa fue suspendida por la pandemia el pasado 16 de marzo. Solo en San Miguel sus peticiones fueron rechazadas, pero los apoderados insistirán.
Durante marzo, la mayoría de los centros cobraron sus mensualidades normalmente, pero al prolongarse el confinamiento comenzaron a aparecer los reclamos de los padres en busca de una posible devolución o no pago.
Por un lado, el ministerio de Salud ha decretado no hacer clases presenciales; y, por el otro, la cartera de Educación instruyó que las clases se deben hacer a distancia, de modo online o con entregas de trabajos y guías para trabajar desde casa.
Hernán Herrera, presidente nacional de la agrupación de Colegios Particulares de Chile (Conacep), opina que el foco que deben tener los colegios es brindarle ayuda a las familias que han perdido su fuente laboral, y no a quienes sí pueden pagar la mensualidad.
“La mayoría de los colegios no tienen una espalda financiera para apoyar a todos los padres y apoderados con un porcentaje de la mensualidad. Si se hiciera esto, los colegios quebrarían”, comenta.

Gobierno ofrece establecimientos
Pero si no quiebran y no tienen recursos, ¿que se hace? Uno de los problemas es que hay establecimientos educacionales que deberán optar por despedir a profesores y parte de su plantilla.
Según Conacep, cuando los apoderados eligen un colegio, ello supone un contrato que puede durar hasta 14 años. Al no pagar la colegiatura, implica que este puede quebrar y el padre finalmente está haciendo una acción que no va en contra del sostenedor, sino
que en contra del proyecto educativo que eligió para su hijo.
Si todos los apoderados reaccionaran masivamente con el no pago, la mayoría de los colegios caerían en falencia financiera, lo que implicaría el quiebre de estos establecimientos educacionales o el despido de gran parte del personal.
Desde el ministerio de Educación, el subsecretario Jorge Poblete, dice que en el peor de los casos, si los establecimientos educacionales se ven en la obligación de cerrar sus puertas por no poder financiar sus costos, “los padres y apoderados que necesiten cambiar a sus hijos de colegio, tiene las puertas abiertas durante todo el año para poder dar continuidad a la enseñanza de sus hijos en establecimientos públicos”.

Llamado a dialogar
La superintendencia de Educación plantea que se busquen soluciones por medio del diálogo que permitan compatibilizar las dos posturas en juego: “La necesidad de proteger y asegurar el derecho a la educación para todos aquellos niños, niñas y adolescentes cuyas familias enfrentan dificultades económicas que les impidan pagar la colegiatura; y evitar que los establecimientos se vuelvan inviables financieramente y queden expuestos al cierre”, señala Cristián O´Ryan, superintendente de Educación.
Sin embargo, eso puede no ser una tarea tan fácil.
Richard Camaño, en representación de Consumidores y Usuarios del Sur, prevé que “seguramente muchos están justamente esperando los resultados de aquellos que ya interpusieron recursos de protección para evaluar qué camino tomar”.
José Roa, exdirector del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y actualmente consultor de riesgos legales asociados a la protección del consumidor, explica que de acuerdo al organismo público que lideró, el mercado de servicios educacionales es el concentra más reclamos con ocasión de la emergencia sanitaria.
«En consecuencia, Sernac, la superintendencia de Educación y la de Educación Superior debieran coordinarse e indicar la procedencia y estándares mínimos de la prestación del servicio educacional a distancia, reglas para verificar la necesaria proporcionalidad entre
el servicio y lo pagos mensuales; y fiscalizar el cumplimiento de estos puntos», argumenta la exautoridad.

Apoyo con recursos
Fondos de ayuda para las familias:

El Instituto Santa María (ISM) de Chillán envió un comunicado para alumnos y apoderados, donde daban plazo hasta el 14 de mayo para postular a rebajas en la mensualidad a aquellas familias que no puedan pagar la totalidad de la colegiatura. El ISM no está realizando clases vía online por los posibles problemas de conectividad, por lo que hace entrega de materiales de apoyo y guías de trabajo.
El colegio The International School Nido de Águilas decidió no realizar cambios en el monto ni modo de cobro de la colegiatura. Con el ahorro de infraestructura invirtieron en mejorar su plan online y crearon un fondo Covid-19 para ayudar a las familias que se vean afectadas y a sus proveedores de servicios, como choferes de buses y entrenadores deportivos.
Además del fondo, los apoderados que requieran un mayor plazo para pagar la colegiatura, también pueden optar a esa posibilidad.
De acuerdo al comunicado enviado a los apoderados, en números aproximados el 80% de sus costos corresponden al personal, otro 10% en servicios contratados y el último 10% es en infraestructura para operar el campus.»De ese último 10%, anticipamos la posibilidad de ahorrar 0.1 a 1%, es decir, US$ 700 a US$ 1.500, en nuestro presupuesto operativo», dice el documento.
La Scuola Italiana, San Ignacio del Bosque, el colegio Verbo Divino, Santa Úrsula, Villa María Academy, entre otros, también crearon un fondo solidario para las familias que lo necesitaran y dieron otros beneficios para los alumnos y apoderados que no pudieran pagar la colegiatura, como la postergación de pagos.

Se activaron desde marzo
Rebajas de colegiaturas

El colegio particular The Grange School, ubicado en Avenida Príncipe de Gales 6154, La Reina, ha optado por rebajar en $ 74.650 la colegiatura,-de las casi 250 UF que cuesta la colegiatura mensual por alumno-. Esta medida se implementó considerando el ahorro en algunos gastos variables, tales como agua y luz, debido al confinamiento, de acuerdo a lo indicado por una carta dirigida a los apoderados.
Esta medida que se comenzó a impartir desde mediados de marzo, se suma a la creación de un fondo solidario para apoyar a aquellas familias que no puedan costear la mensualidad completa. Este pozo se genera gracias a que quienes deciden renunciar a la rebaja destinan ese monto directamente a becas. Los recursos se reparten dentro de la misma comunidad escolar.
El Saint George´s College -uno de los primeros en cerrar sus puertas debido a la cantidad de contagiados- sigue el mismo método del Grange. En abril se postergó el pago, y durante mayo y junio la dirección decidió rebajar la colegiatura en $ 75.000 por alumno, dando la posibilidad de donar ese monto a un fondo de ayuda para familias más necesitadas del interior de la comunidad.
Además, todos aquellos ahorros en gastos de insumos estructurales, serán destinados al mismo fondo.
La red internacional de colegios Semper Altius mejor conocidos como «Legionarios» a los que pertenecen los colegios Cumbres, Everest, Highlands, Maitenes, San Isidro y La Cruz, todos ellos ubicados en distintas comunas y regiones del país, han tomado distintas decisiones de acuerdo a los fondos de los cuales dispone cada administración. Por ejemplo, el colegio Cumbres decidió rebajar la colegiatura en un 15% a todas aquellas familias que solicitaron ayuda. Adicional a eso, se aplicará un descuento de $ 35.000 del total del pago a todos los alumnos aplicable en el mes de mayo.

Servicios básicos permitieron ahorro
Postergación de pagos hasta 2021

Otra fórmula que están usando los colegios es diferir pagos. En el Santiago College se pospuso en un 50% la colegiatura de los meses de abril y mayo, para enero y febrero de 2021, lo que equivale a aproximadamente a $ 350.000 mensuales para todos los alumnos. Además, la institución decidió destinar los ahorros en gastos fijos como agua, luz y gas para crear también un fondo solidario para las familias que viven momentos críticos en cuanto a su situación financiera.
La Alianza Francesa es otro que ha optado por seguir una fórmula similar. Para los hogares que lo necesiten y lo soliciten existe la posibilidad de postergar el pago del 50% de los meses de abril, mayo y junio, para diciembre y luego en enero y febrero del próximo año.
En paralelo, dejarán de cobrar las actividades extraprogramáticas y ramas deportivas. También crearon un fondo solidario de $150 millones para apoyar a aquellas familias que no puedan pagar las mensualidades.

Por D Lehmann y S. Irarrazaval, Diario Financiero

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